¿Quién guarda el registro? Una historia de los catastros, de 1086 a la blockchain

¿Qué es lo que realmente garantiza que algo es tuyo?

Cuando alguien te pregunta si una casa, un coche o un terreno son tuyos, casi nunca respondes enseñando el objeto. Respondes con un papel, o con una consulta a una base de datos: una escritura, un registro, una entrada en un catastro. La posesión física importa a menudo mucho menos que lo que dice un registro en algún archivo —a veces en otra ciudad, a veces custodiado por instituciones que llevan siglos existiendo.

Esta idea —que la garantía real no está en el objeto, sino en el registro que lo describe— no es nueva. Lleva casi mil años siendo, literalmente, la base de cómo las sociedades han organizado la propiedad. Y su historia está llena de incendios que borraron archivos enteros, emperadores que midieron países parcela a parcela y, más recientemente, gobiernos que han probado a guardar esos registros en una cadena de bloques.

El primer gran catastro: el Domesday Book (1086)

En la Navidad de 1085, Guillermo el Conquistador ordenó algo sin precedentes en la Inglaterra medieval: un recuento exhaustivo de quién poseía qué. Comisionados reales recorrieron el país anotando, pueblo a pueblo, cada terreno, cada granja, cada molino y hasta el número de cerdos de cada propiedad, junto con el nombre de su dueño antes y después de la conquista normanda.

El resultado, completado en apenas un año, se conoció como el Domesday Book —el libro del Día del Juicio— porque, igual que el veredicto final según la tradición cristiana, sus conclusiones no admitían apelación. Lo que decía el libro, iba a misa.

Casi mil años después, el documento original se conserva en los Archivos Nacionales del Reino Unido, y se ha citado ocasionalmente como prueba en disputas legales sobre límites de propiedades ancestrales. Pocos registros administrativos han demostrado tanta durabilidad.

Napoleón mide Francia, parcela a parcela

Setecientos años más tarde, Francia se enfrentó a un problema parecido con una solución mucho más ambiciosa. La ley del 15 de septiembre de 1807 ordenó levantar un catastro parcelario de todo el territorio francés: cada campo, cada huerto, cada solar debía medirse y dibujarse, con su propietario registrado, para poder aplicar un impuesto territorial justo.

El proyecto era colosal —requería topógrafos recorriendo el país entero— y tardó más de cuatro décadas en completarse. No terminó hasta mediados del siglo XIX. El resultado, sin embargo, se convirtió en el modelo de referencia para los catastros modernos de buena parte de Europa continental.

Cuando el registro desaparece

No todos los registros han sobrevivido tan bien como el Domesday Book. El 1 de noviembre de 1755, un terremoto devastador —seguido de un tsunami y de varios incendios— arrasó Lisboa y, con ella, buena parte de los archivos notariales y de propiedad de la ciudad. Durante la reconstrucción, dirigida por el Marqués de Pombal, muchas disputas sobre límites de terrenos tuvieron que resolverse casi desde cero, sin el papel que hasta entonces las había zanjado.

Situaciones parecidas se repitieron durante el siglo XIX en Estados Unidos, donde varios incendios en juzgados de condado destruyeron cadenas enteras de escrituras acumuladas durante generaciones. La respuesta llegó en 1858, en el otro extremo del mundo: Robert Torrens, en el sur de Australia, diseñó un sistema —hoy conocido como Torrens title— en el que ya no era un montón de papeles privados lo que garantizaba la propiedad, sino un registro público respaldado directamente por el Estado. Si el registro decía que la propiedad era tuya, el gobierno respondía por ello. El sistema se extendió después a gran parte del mundo anglosajón.

Del papel a los servidores

A lo largo del siglo XX, la mayoría de los catastros y registros de la propiedad se digitalizaron. La promesa era obvia: nada de incendios, nada de papel que se deteriora, copias de seguridad en lugar de un único ejemplar irremplazable.

Pero lo digital trae sus propias fragilidades —servidores que fallan, ciberataques, errores de migración de datos— y el problema de fondo sigue siendo el mismo que en 1086: alguien tiene que custodiar el registro, y hay que poder confiar en esa custodia.

El experimento del registro en blockchain: Suecia y Georgia

Entre 2016 y 2017, dos países probaron una respuesta distinta a ese problema. El registro de la propiedad sueco, Lantmäteriet, se asoció con varias empresas tecnológicas para testar transacciones inmobiliarias registradas en blockchain, buscando reducir el papeleo y el tiempo entre la firma de una compraventa y su inscripción oficial.

Casi al mismo tiempo, la República de Georgia se convirtió en el primer país en registrar títulos de propiedad de tierras en una blockchain a escala gubernamental, en colaboración con la empresa Bitfury. El objetivo declarado: hacer el registro más transparente y más difícil de falsificar o de perder, sustituyendo la confianza en una única base de datos central por la verificabilidad pública del propio sistema.

Qué garantiza en realidad un registro

Del Domesday Book a una blockchain georgiana hay casi mil años de distancia, pero el principio que hace funcionar a un registro no ha cambiado demasiado. No es el material —pergamino, papel o código— lo que da la garantía. Son tres cosas: quién respalda el registro, qué tan transparente es el proceso por el que se actualiza, y si cualquiera puede comprobar su historial sin tener que fiarse solo de la palabra de quien lo custodia.

Es exactamente el mismo principio, a mucha menor escala, que aplicamos al historial de titularidad de cada día en Days Owners: cada cambio de propietario queda registrado, con sus fechas, de forma consultable. No inventa nada nuevo —simplemente continúa una idea que empezó, como mínimo, en la Inglaterra de 1086.

Un día, también, es un registro

Puede que lo único que de verdad hayamos hecho a lo largo de la historia, cada vez que alguien ha reclamado algo como suyo, sea buscar una manera de que ese algo se pudiera comprobar. Desde comisionados reales anotando cerdos en pergamino, hasta un puñado de servidores distribuidos verificando una transacción, la pregunta de fondo ha sido siempre la misma: ¿quién lo dice, y puedo comprobarlo yo mismo?